El Consell, perplejo ante la quiebra.
Gregorio Marin-Levante EMV.
Intentar ubicar lo que está sucediendo con las finanzas de la Generalitat Valenciana (GV) con la prudencia debida y con toda humildad, conduce a distinguir entre el binomio quiebra/suspensión de pagos, términos bien conocidos por muchos, que puede no afectar a deudores financieros pero sí a los no financieros (como es el caso de los que proveen bienes, o trabajan en servicios que son responsabilidad de la GV) y el de default (impago a entidad financiera) que supone que el sistema los profesionales de las finanzas puede reaccionar dejando de prestar tanto al resto de comunidades autónomas (CC AA) como al Reino de España.
Ello quizás ayude a explicar que la preocupación de la GV en estos últimos días se haya centrado mucho en evitar un default que en abonar facturas por bienes y servicios a centenares de empresas y trabajadores.
Éstos operan con una capacidad de reacción local y sólo pueden reaccionar con un cierre patronal o dejando de ir a trabajar; situaciones ambas sin duda muy desagradables para la Comunitat Valenciana, pero con poco reflejo en la calidad de vida de los que viven fuera de ella.
Durante los debates de Les Corts que culminaron, el pasado miércoles, con la aprobación de los presupuestos de la GV, las expresiones referidas al estado de quiebra técnica de nuestra administración autonómica fueron explícita e implícitamente demasiado patentes para que los valencianos puedan aceptar el silencio de Fabra y su equipo.
Fueron unos debates que pusieron de manifiesto la perplejidad que atenaza al equipo de consellers que comanda el president Fabra y que la oposición no parece tener recursos para hacerle reaccionar, si es que ello es factible con el actual estado de la nuestra caja autonómica.
Perplejidad es una palabra quizás benévola pero es mejor recurrir a ella, antes que a sinónimos mas duros: irresolución, confusión, indecisión, etcétera.
Cuando alguien está perplejo es muy difícil que transmita confianza (cuyos sinónimos tiene que ver con presunción, esperanza, viabilidad del camino que se sigue...) y ello se ha reflejado en la falta de respuesta de los valencianos que disponen de algunos ahorros a la emisión de deuda en la que la GV necesitaba colocar 1.800 millones de euros (con la aspiración de llegar a los 2.700) de forma que la operación se quedara en 1.058 millones.
Ningún inversor es necesariamente patriota, pero este balance va a afectar directamente a muchos valencianos, en este caso por una vía próxima a la suspensión de pagos/quiebra.
Parece que la perplejidad de Consell ha tomado la forma de fiasco financiero para la GV.
En palabras de las denostadas agencias del ramo en sus rebajas de calificación, la GV ya habría agotado la mayor parte de sus opciones de financiación, y por si fuera poco, más del 18,5% de la deuda de la GV vence dentro de un año, aunque estas agencias confían en que la Comunitat Valenciana tendrá algún tipo de ayuda financiera o apoyo por parte del Estado.
La pregunta que surge es: ¿está en condiciones el nuevo gobierno de Rajoy de hacer frente a esta situación?
Mas allá de las frases hechas que solo sirven para ocupar los tiempos de Canal 9, el silencio del Consell solo añade preocupación. Con lo ocurrido necesitamos una reacción en algún sentido, bien en forma de una argumentación solvente que desmonte la validez de un diagnóstico tan duro como la quiebra técnica, bien aceptando esta realidad para proponer, como consecuencia, un esfuerzo común de todos los valencianos.
Los analistas indican que al margen del fracaso en la colocación de los bonos patrióticos, la perniciosa ausencia de medidas reales por parte de la GV para recortar gastos y sobre todo proponer nuevos ingresos fiscales.
Desgraciadamente, nuestro perplejo Consell sólo es capaz de quedar a la espera de las medidas que el nuevo presidente del Gobierno pueda adoptar. Los medios de comunicación son coincidentes en el diagnóstico.
En un reciente editorial de Levante-EMV, se decía que parece que se está a la espera que Rajoy, adopte primero sus medidas y dicte las normas a seguir para actuar a continuación a remolque: «Sin embargo, la responsabilidad de gobernar incluye adoptar decisiones difíciles e impopulares. Y hasta ahora, el president Fabra no ha dado suficientes muestras de estar dispuesto a ello pese a la urgencia que requiere la delicada situación actual».
Otro medio encabezaba su información sobre lo acaecido en Les Corts, afirmando que el Consell había perdido el control de la Administración valenciana y se encomendaba al rescate de Rajoy, mientras un tercer medio, en este caso digital, ponía en boca de un destacado empresario una frase contundente: «El inmenso castillo de naipes en que se había convertido la estructura de la GV en los últimos años se ha desmoronado.
Ahora solo queda que Mariano Rajoy nos rescate...».
Todo parece indicar que se dibuja una intervención del Gobierno, pero ¿cuál? Es un rescate que sólo se podrá justificar con unas condiciones durísimas de recorte, pero que nadie sabe como puede materializarse, ni cual va a ser la reacción de aquellas CC AA que sí han tomado medidas impopulares y muy difíciles.
Quizás la traslación de lo que vemos en Europa no sea tan fácil como podríamos pensar. Sabemos lo que significa rescatar a Grecia, Irlanda o Portugal, pero no hay precedentes de una maniobra semejante en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Tenemos una cierta idea de dónde proviene el dinero destinado a estados intervenidos, sin embargo no parece que el recurso al Instituto de Crédito Oficial o cualquier otro mecanismo que pudiera pensarse, pueda disponer de esta capacidad financiera, ni siquiera del apoyo de otras CC AA.
De hecho, en estas jornadas de aterrizaje del nuevo Gobierno, la opinión dominante es que Fabra, al no clarificar el futuro que aguarda a la sanidad, la educación y las políticas sociales que nuestro estatuto le han confiado que administre y gestione, está siguiendo un camino de deslealtad tanto con los valencianos, como con Rajoy.
Es el momento de recordar que en nuestro ordenamiento jurídico hay disposiciones según las cuales, si determinados servicios básicos no pueden ser garantizados, por las razones que sean, por un gobierno autonómico, el Estado debe hacerse cargo de ellas, con los mecanismos que se consideren mas oportunos. Ha llegado el momento de decir verdad y dejarse de perplejidades suicidas.
Gregorio Marin-Levante EMV.
Intentar ubicar lo que está sucediendo con las finanzas de la Generalitat Valenciana (GV) con la prudencia debida y con toda humildad, conduce a distinguir entre el binomio quiebra/suspensión de pagos, términos bien conocidos por muchos, que puede no afectar a deudores financieros pero sí a los no financieros (como es el caso de los que proveen bienes, o trabajan en servicios que son responsabilidad de la GV) y el de default (impago a entidad financiera) que supone que el sistema los profesionales de las finanzas puede reaccionar dejando de prestar tanto al resto de comunidades autónomas (CC AA) como al Reino de España.
Ello quizás ayude a explicar que la preocupación de la GV en estos últimos días se haya centrado mucho en evitar un default que en abonar facturas por bienes y servicios a centenares de empresas y trabajadores.
Éstos operan con una capacidad de reacción local y sólo pueden reaccionar con un cierre patronal o dejando de ir a trabajar; situaciones ambas sin duda muy desagradables para la Comunitat Valenciana, pero con poco reflejo en la calidad de vida de los que viven fuera de ella.
Durante los debates de Les Corts que culminaron, el pasado miércoles, con la aprobación de los presupuestos de la GV, las expresiones referidas al estado de quiebra técnica de nuestra administración autonómica fueron explícita e implícitamente demasiado patentes para que los valencianos puedan aceptar el silencio de Fabra y su equipo.
Fueron unos debates que pusieron de manifiesto la perplejidad que atenaza al equipo de consellers que comanda el president Fabra y que la oposición no parece tener recursos para hacerle reaccionar, si es que ello es factible con el actual estado de la nuestra caja autonómica.
Perplejidad es una palabra quizás benévola pero es mejor recurrir a ella, antes que a sinónimos mas duros: irresolución, confusión, indecisión, etcétera.
Cuando alguien está perplejo es muy difícil que transmita confianza (cuyos sinónimos tiene que ver con presunción, esperanza, viabilidad del camino que se sigue...) y ello se ha reflejado en la falta de respuesta de los valencianos que disponen de algunos ahorros a la emisión de deuda en la que la GV necesitaba colocar 1.800 millones de euros (con la aspiración de llegar a los 2.700) de forma que la operación se quedara en 1.058 millones.
Ningún inversor es necesariamente patriota, pero este balance va a afectar directamente a muchos valencianos, en este caso por una vía próxima a la suspensión de pagos/quiebra.
Parece que la perplejidad de Consell ha tomado la forma de fiasco financiero para la GV.
En palabras de las denostadas agencias del ramo en sus rebajas de calificación, la GV ya habría agotado la mayor parte de sus opciones de financiación, y por si fuera poco, más del 18,5% de la deuda de la GV vence dentro de un año, aunque estas agencias confían en que la Comunitat Valenciana tendrá algún tipo de ayuda financiera o apoyo por parte del Estado.
La pregunta que surge es: ¿está en condiciones el nuevo gobierno de Rajoy de hacer frente a esta situación?
Mas allá de las frases hechas que solo sirven para ocupar los tiempos de Canal 9, el silencio del Consell solo añade preocupación. Con lo ocurrido necesitamos una reacción en algún sentido, bien en forma de una argumentación solvente que desmonte la validez de un diagnóstico tan duro como la quiebra técnica, bien aceptando esta realidad para proponer, como consecuencia, un esfuerzo común de todos los valencianos.
Los analistas indican que al margen del fracaso en la colocación de los bonos patrióticos, la perniciosa ausencia de medidas reales por parte de la GV para recortar gastos y sobre todo proponer nuevos ingresos fiscales.
Desgraciadamente, nuestro perplejo Consell sólo es capaz de quedar a la espera de las medidas que el nuevo presidente del Gobierno pueda adoptar. Los medios de comunicación son coincidentes en el diagnóstico.
En un reciente editorial de Levante-EMV, se decía que parece que se está a la espera que Rajoy, adopte primero sus medidas y dicte las normas a seguir para actuar a continuación a remolque: «Sin embargo, la responsabilidad de gobernar incluye adoptar decisiones difíciles e impopulares. Y hasta ahora, el president Fabra no ha dado suficientes muestras de estar dispuesto a ello pese a la urgencia que requiere la delicada situación actual».
Otro medio encabezaba su información sobre lo acaecido en Les Corts, afirmando que el Consell había perdido el control de la Administración valenciana y se encomendaba al rescate de Rajoy, mientras un tercer medio, en este caso digital, ponía en boca de un destacado empresario una frase contundente: «El inmenso castillo de naipes en que se había convertido la estructura de la GV en los últimos años se ha desmoronado.
Ahora solo queda que Mariano Rajoy nos rescate...».
Todo parece indicar que se dibuja una intervención del Gobierno, pero ¿cuál? Es un rescate que sólo se podrá justificar con unas condiciones durísimas de recorte, pero que nadie sabe como puede materializarse, ni cual va a ser la reacción de aquellas CC AA que sí han tomado medidas impopulares y muy difíciles.
Quizás la traslación de lo que vemos en Europa no sea tan fácil como podríamos pensar. Sabemos lo que significa rescatar a Grecia, Irlanda o Portugal, pero no hay precedentes de una maniobra semejante en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Tenemos una cierta idea de dónde proviene el dinero destinado a estados intervenidos, sin embargo no parece que el recurso al Instituto de Crédito Oficial o cualquier otro mecanismo que pudiera pensarse, pueda disponer de esta capacidad financiera, ni siquiera del apoyo de otras CC AA.
De hecho, en estas jornadas de aterrizaje del nuevo Gobierno, la opinión dominante es que Fabra, al no clarificar el futuro que aguarda a la sanidad, la educación y las políticas sociales que nuestro estatuto le han confiado que administre y gestione, está siguiendo un camino de deslealtad tanto con los valencianos, como con Rajoy.
Es el momento de recordar que en nuestro ordenamiento jurídico hay disposiciones según las cuales, si determinados servicios básicos no pueden ser garantizados, por las razones que sean, por un gobierno autonómico, el Estado debe hacerse cargo de ellas, con los mecanismos que se consideren mas oportunos. Ha llegado el momento de decir verdad y dejarse de perplejidades suicidas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario