Según el Diccionario de la RAE, la dignidad es un derecho
que el ser humano, en tanto que lo es por propia naturaleza, tiene la condición
de “ser digno”.
Tanto la Declaración Universal
de Derechos Humanos, como el Acta Fundacional de la CE e incluso la propia
Constitución Española nos garantizan pues. Por el simple hecho de pertenecer a
la raza humana, el derecho a mantener nuestra dignidad, mas allá de cualquier
otro derecho individual.
Para poder mantener intacta
esta cualidad; la dignidad, las instituciones del Estado deberán asegurarnos
una serie de derechos básicos que nos permitan vivir con esa dignidad mínima
como seres humanos.
Y eso quiere decir que tenemos
derecho a sanidad, a educación, a techo, etc., etc.
En ningún caso deberemos
entender por esto que nos deberá dar el Estado una casa en propiedad. NO.
Solamente debemos poder tener acceso a disponer de un techo digno que nos
permita asegurar el cumplimiento de este derecho.
El Estado y las Instituciones
en general, deberán propiciar las políticas que me permitan acceder a ese
Derecho.
De tal forma que, si en una época
determinada, mi familia se ve implicada en una situación económica de
precariedad, las Instituciones deberán arbitrar los mecanismos para que mi
familia pueda acceder a ese techo como bien social de disfrute temporal, en
cuanto se siga manteniendo mi situación de precariedad.
A tal fin y, si fuera
necesario recuerdo que en el caso Español está lo previsto en el Articulo 108.2
de la
Constitución Española.
“Toda la riqueza nacional, etc,
etc…….. “.
¿Que nos está pasando en estos
momentos en España?
Pues en mi criterio, hemos
sido inoculados por nuestra clase política, toda ella. De una apatía que les
permite mantenerse en los puestos de gestión de las Instituciones mientras a
los ciudadanos no se les garantiza su derecho básico a mantener una existencia
digna.
Mientras los miembros de las
Instituciones, que deberían ser los ganantes de nuestros derechos, actúan en
contra de ese derecho básico. Bien por acción o por omisión.
La sociedad civil está perpleja
viendo como va disminuyendo su capacidad para seguir manteniendo su dignidad
personal.
Nos modifican la Constitución en 24
horas, y no nos consultan porque no iba a suponer merma de nuestros derechos
fundamentales.
Y frente a esto ni la Fiscalía General
del Estado ni el propio Tribunal Constitucional dicen nada.
Con ésta modificación me gustaría
saber la interpretación del TC de la evidente colisión de derechos entre el
compromiso adquirido de que los derechos de la deuda sean preeminentes sobre
los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Y si es así, porque no se
aplica el artículo 108.2 de la CE.
Pues no se hace nada.
Entiendo que quien promovió y
firmo esa modificación cometió al menos un par de vulneraciones que deberían
ser estudiadas por los Tribunales.
La primera de un flagrante
engaño a la ciudadanía, porque evidentemente que dicha modificación condiciona,
condiciono y condicionara los Presupuestos Generales del Estado. La resolución
del déficit, que a fin de cuentas es la cuestión que se cedió la UE. Esta claro que generó
las posteriores políticas de recortes, copagos, etc que tuvo que soportar la ciudadanía.
Es evidente que dicha reforma
fue sustancial para que luego nos dieran el –no rescate- a la Banca española, que de nuevo
volvió a Endeudar al Estado, ganante al fin del pago de dichos miles de
millones.
A mi corto entender, dichas
acciones se hicieron “a sabiendas” de las conclusiones a que nos llevarían.
Dictar a sabiendas una resolución
que perjudica a un tercero, realizada por funcionario publico, creo que se
llama PREVARICACION.
Todos aquellos que intervinieron
en la modificación de la Constitución Española y decidieron no consultar a
la ciudadanía, deberían estar encausados por prevaricación. No lo están ni lo
estarán.
-Cuando una formación política
concurre a unas Elecciones democráticas, lo hace con un programa Electoral que
está supervisado por la
Junta Electoral Central y del que se hace publicidad hasta la
saciedad.
Si dicho compromiso escrito se
sustancia con la elección de dicho partido político de forma que se alza con el
Gobierno de la Nación.
Dicho documento se convierte en un compromiso “de facto”
entre partes. Es decir, es un contrato por medio del cual, los ciudadanos les
cedemos nuestro poder Constitucional por medio del voto y, ellos, los que se
presentaron de manera voluntaria a cumplir dicho compromiso, lo hacen en base a
lo propuesto.
Si cuando tocan poder, llegan
a la conclusión de que lo básico de dicho contrato electoral no es posible
cumplirlo. En ningún momento tienen el derecho a seguir gobernando “según su
mejor criterio”.
Creo pues, que todos aquellos políticos
que están gobernando o bien están sustentando con su mayoría la acción del
Gobierno, están cometiendo en forma continuada y con pertenencia a Asociación
organizada, estafa continuada a la población que les Aupó al poder. Es decir,
al cuerpo Electoral.
Y eso, de nuevo, debería ser
suficiente materia para que la Fiscalía General del Estado o bien el Tribunal
Constitucional instára procedimiento contra dichas personas e instituciones.
Eso no se ha hecho, ni se
hará.
Y mientras tanto nosotros, los
ciudadanos que hacemos.
PUES SIMPLEMENTE NADA.
Es decir, que si los
ciudadanos no hacemos nada, somos cómplices necesarios de los desmanes de los políticos.
En ese caso, yo creo que no
debemos responsabilizarlos de lo que nos están haciendo ni siquiera creo que
podamos exigir que nos mantengan los mínimos axiomas que aseguren el
mantenimiento de nuestra dignidad como ciudadanos.
Empezamos perdiendo nuestra
dignidad, en el mismo momento que les votamos y permitimos que incumplieran sus
compromisos.
Lo estamos haciendo cada vez
que vemos que se ríen de la ciudadanía con las estafas y corruptelas
millonarias que son causa de buena parte de la deuda pública del Estado.
Y también reducíamos a nuestra
dignidad domo ciudadanos en el momento en que seguimos permitiendo que sea
antes la deuda pública que las necesidades de los Ezcluidos Sociales, por
ejemplo.
Es por todo lo anterior que,
personalmente creo que mi dignidad la he despilfarrado en base a estas
actitudes y en la medida que me toca como participe de esta Sociedad Civil.
Y, por terminar, si ya no
tengo derecho a que se me reconozca ni dignidad como ser humano. Porqué debo
acatar las leyes que se han otorgado esta clase dirigente en contra de mi
dignidad.
Una ley que no es ética no es
de aplicación y si se aplica, no es de obligado cumplimiento.
Yo, no me considero obligado a
acatar dichas leyes actuales en tanto en cuanto no me sigan asegurando los
derechos Constitucionales que la CE
de 1.978 me garantiza.
Dicho queda, a los efectos
oportunos, en el día de hoy en Altea a
15 de Marzo de 2.014.
JOSE MIGUEL BELLA.
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