TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera). 14 de Marzo de 2013.

Directiva 93/13/CEE.

Contratos celebrados con consumidores.

Contrato de préstamo hipotecario.

Procedimiento de ejecución hipotecaria -

Facultades del juez nacional que conozca del proceso declarativo.

Cláusulas abusivas.

Criterios de apreciación.

En el asunto C-415/11, que tiene por objeto una petición de decision prejudicial planteada, con arreglo al artIculo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona, mediante auto de 19 de julio de 2011, recibido en el Tribunal de Justicia el 8 de agosto de 2011, en el procedimiento entre Mohamed Aziz y Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

Integrado por el Sr. A. Tizzano (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. A. Borg Barthet, M. I1ei y J.-J. Kasel y la Sra. M. Berger, Jueces; Abogado General: Sra. J. Kokott; Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

Habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 19 de septiembre de 2012;

Consideradas las observaciones presentadas:

En nombre del Sr. Aziz, por el Sr. D. Moreno Irigo, abogado;

SENTENCIA DE 14.3.2013.

ASUNTO C-415/11.

En nombre de Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), por el Sr. Fernández de Senespleda, abogado;

En nombre del Gobierno español, por la Sra. S. Centeno Huerta, en calidad de agente;

En nombre de la Comisión Europea, por la Sra. M. Owsiany-Hornung y los Sres. J. Baquero Cruz y M. van Beek, en calidad de agentes;

Oidas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia publica el 8 de noviembre de 2012;

Dicta la siguiente Sentencia.

1. La petición de decision prejudicial tiene por objeto la interpretacion de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L95, p.29; en lo sucesivo, -Directiva-).

2. Esta petición se ha planteado en el marco de un litigio entre el Sr. Aziz y Caixa

D'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (en lo sucesivo, “Catalunyacaixa”), relativo a la validez de determinadas cláusulas de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre dichas partes.

Marco juridico. Derecho de la Union,

El decimosexto considerando de la Directiva indica lo siguiente:

“considerando [... que los profesionales pueden cumplir la exigencia de buena fe tratando de manera leal y equitativa con la otra parte, cuyos intereses legitimos debe tener en cuenta”.

4. El artIculo 3 de la Directiva establece:

“1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.

2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesion.
   3.El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.”

5. A tenor del artIculo 4, apartado 1, de la Directiva:

“Sin perjuicio del artIculo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, asI como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.”

6. El articulo 6, apartado 1, de la Directiva tiene la siguiente redaccion:

“Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondran que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos tërminos, Si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.”

7. El articulo 7, apartado 1, de la Directiva establece lo siguiente:

“Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.”

8. El anexo de la Directiva enumera, en el rnlmero 1, las cláusulas a las que se hace

referenda en el artIculo 3, apartado 3, de ésta. En particular, comprende las siguientes cláusulas:

“1. Cláusulas que tengan por objeto o por efecto:

e) imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporcionadamente alta;

{. .

q) suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor, en particular obligándole a dirigirse exclusivamente a una jurisdicción de arbitraje no cubierta por las disposiciones jurIdicas, limitándole indebidamente los medios de prueba a su disposición o imponiéndole una carga de la prueba que, conforme a la legislación aplicable, deberla corresponder a otra parte contratante. por Derecho español.

9. En Derecho espaflol, la protección de los consumidores contra las cláusulas abusivas estaba garantizada inicialmente por la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (BOE n° 176, de 24 de julio de 1984, p. 21686).

10. La Ley General 26/1984 fue modificada posteriormente mediante la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (BOE n° 89, de 14 de abril de 1998, p. 12304), que adaptó el Derecho interno a la Directiva.

11. Por ültimo, mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE n° 287, de 30 de noviembre de 2007, p. 49181), se estableció el texto refundido de la Ley 26/1984, con sus sucesivas modificaciones.

12. A tenor del artIculo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007:

“1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

3. El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la
   naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, asI como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa.

4. No obstante lo previsto en los apartados precedentes, en todo caso son abusivas las cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los artIculos 85 a 90, ambos inclusive:

a) vinculen el contrato a la voluntad del empresario,

b) limiten los derechos del consumidor y usuario,

100. determinen la falta de reciprocidad en el contrato,

d) impongan al consumidor y usuario garantlas desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba,

e) resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o

1. contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable.

13. En lo que respecta al procedimiento de requerimiento de pago y ejecución forzosa, la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la version vigente en el momento de la apertura del procedimiento en el litigio principal, regula en el capItulo V del tItulo IV del libro III, con la rubrica ”De las particularidades de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados”, concretamente en los articulos 681 a 698, el procedimiento de ejecución hipotecaria que constituye el objeto del litigio principal.

14. El artIculo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece lo siguiente:

“1. En los procedimientos a que se refiere este capItulo solo se admitirá la oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas:

1 a Extinción de la garantIa o de la obligacion garantizada, siempre que se presente certificación del Registro expresiva de la cancelación de la hipoteca o, en su caso, de la prenda sin desplazamiento, o escritura páblica de carta de pago o de cancelación de la garantla.

2.a Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. El ejecutado deberá acompaflar su ejemplar de la libreta en la que consten los asientos de la cuenta y solo se admitirá la oposición cuando el saldo que arroje dicha libreta sea distinto del que resulte de la presentada por el ejecutante.

3. [...] la sujeción [...] a otra prenda [o] hipoteca [inscritas] con anterioridad al

gravamen que motive el procedimiento, lo que habrá de acreditarse mediante la correspondiente certificación registral.

2. Formulada la oposición a la que se refiere el apartado anterior, el Secretario judicial suspenderá la ejecucion y convocará a las partes a una comparecencia ante el Tribunal que hubiera dictado la orden general de ejecución, debiendo mediar cuatro dIas desde la citación, comparecencia en la que el Tribunal oirá a las partes, admitirá los documentos que se presenten y acordará en forma de auto lo que estime procedente dentro del segundo dIa.”

15. El articulo 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone:

“1. Cualquier reclamación que el deudor, el tercer poseedor y cualquier interesado puedan formular y que no se halle comprendida en los articulos anteriores, incluso las que versen sobre nulidad del tItulo o sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantla de la deuda, se ventilarán en el juicio que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se establece en el presente capitulo.

Ii...]

2. Al tiempo de formular la reclamación a que se refiere el apartado anterior o durante el curso [del] juicio a que there lugar, podra solicitarse que se asegure la efectividad de la sentencia que se dicte en el mismo, con retención del todo o de una parte de la cantidad que, por el procedimiento que se regula en este capItulo, deba entregarse al acreedor.

El tribunal, mediante providencia, decretará esta retención en vista de los documentos que se presenten, si estima bastantes las razones que se aleguen. Si el que solicitase la retención no tuviera solvencia notoria y suficiente, el tribunal deberá exigirle previa y bastante garantIa para responder de los intereses de demora y del resarcimiento de cualesquiera otros daflos y perjuicios que puedan ocasionarse al acreedor.

3. Cuando el acreedor afiance a satisfacción del tribunal la cantidad que
   estuviere mandada retener a las resultas del juicio a que se refiere el apartado primero, se alzará la retención.”

16. El artIculo 131 de la Ley Hipotecaria vigente en el momento de los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, ”Ley Hipotecaria”)), cuyo texto refundido fue aprobado por el Decreto de 8 de febrero de 1946 (BOE n° 58, de 27 de febrero de 1946, p.1518), establece lo siguiente:

“Las anotaciones preventivas de demanda de nulidad de la propia hipoteca o cualesquiera otras que no se basen en alguno de los supuestos que puedan determinar la suspension de la ejedución [quedarán] canceladas en virtud del mandamiento de cancelacion a que se refiere el articulo 133, siempre que sean posteriores a la nota marginal de expedición de certificación de cargas. No se podrá inscribir la escritura de carta de pago de la hipoteca mientras no se haya cancelado previamente la citada iota marginal, mediante mandamiento judicial a! efecto.”

17. Con arreglo al artIculo 153 his de la Ley Hipotecaria:

“[...] Podrá pactarse en el tItulo que la cantidad exigible en caso de ejecución sea la resultante de la liquidacion efectuada por la entidad fmanciera acreedora en la forma convenida por las partes en la escritura.

Al vencimiento pactado por los otorgantes, o al de cualquiera de sus prórrogas, la acción hipotecaria podrá ser ejercitada de conformidad con lo previsto en los artIculos 129 y 153 de esta Ley y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”

Litigio principal y cuestiones prejudiciales.

18. El 19 de julio de 2007, el Sr. Aziz, nacional marroqul que trabajaba en Espafia desde el mes de diciembre de 1993, suscribió con Catalunyacaixa, mediante escritura notarial, un contrato de préstamo con garantIa hipotecaria. El inmueble que constitula dicha garantla era la vivienda familiar del Sr. Aziz, de la que era propietario desde 2003.

19. El capital prestado por Catalunyacaixa era de 138.000 euros. Debla amortizarse en 33 anualidades, con 396 cuotas mensuales, a partir del 1 de agosto de 2007.

20. De los autos trasladados a! Tribunal de Justicia se desprende que el contrato de préstamo suscrito con Catalunyacaixa establecla en su cláusula 6 unos intereses de demora anuales del 18,75 % automáticamente devengables respecto de las cantidades no satisfechas a su vencimiento, sin necesidad de realizar ningün tipo de reclamación.

21. Además, la cláusula 6 bis de dicho contrato conferla a Catalunyacaixa la facultad de declarar exigible la totalidad del préstamo en el caso de que alguno de los plazos pactados venciera sin que el deudor hubiese cumplido su obligacion de pago de una parte del capital o de los intereses del préstamo.

22. Por ultimo, la cláusula 15 del contrato, que regulaba el pacto de liquidez, preveIa no solo la posibilidad de que Catalunyacaixa recurriera a la ejecución hipotecaria para cobrar una posible deuda, sino también de que pudiera presentar directamente a esos efectos la liquidacion mediante el certificado oportuno que recogiese la cantidad exigida.

23. El Sr. Aziz abonó con regularidad las cuotas mensuales desde julio de 2007 hasta mayo de 2008, pero dejó de hacerlo a partir de junio de 2008. En vista de ello, el 28 de octubre de 2008 Catalunyacaixa acudio a un notario con objeto de que se otorgara acta de determinación de deuda.
    El notarib certificó que de los documentos aportados y del contenido del contrato de préstamo se deducla que la liquidacion de La deuda ascendla a 139.764,76 euros, lo que correspondIa a las mensualidades no satisfechas, más los intereses ordinarios y los intereses de demora.

24. Tras requerir infructuosamente al Sr. Aziz el pago de lo debido, Catalunyacaixa inició el 11 de marzo de 2009, ante el Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Martorell, un procedimiento de ejedución contra el interesado, reclamándole las cantidades de 139.674,02 euros en concepto de principal, 90,74 euros en concepto de intereses vencidos y 41.902,2 1 euros en concepto de intereses y costas.

25. El Sr. Aziz no compareció, por lo que, el 15 de diciembre de 2009, dicho Juzgado ordenó la ejecución. Se envió a! Sr. Aziz un requerimiento de pago, que éste no atendió y al que no formuló oposición.

26. En estas circunstancias, el 20 de julio de 2010 se celebró una subasta pñblica para proceder a la yenta del ininueble, sin que se presentara ninguna oferta. En consecuencia, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Martorell admitió que el bien se adjudicara en el 50 % de su valor.
    Dicho Juzgado también seflaló el 20 de enero de 2011 como la fecha en que debla producirse la transmision de la posesión a! adjudicatario. En consecuencia, el Sr. Aziz fue expulsado de su vivienda.

27. No obstante, poco antes de que eso ocurriera, el 11 de enero de 2011 el Sr. Aziz presentó demanda en un proceso declarativo ante el Juzgado de lo Mercantil n°3 de Barcelona, solicitando que se anulara la cláusula 15 del contrato de préstamo hipotecario por estimarla abusiva y, en consecuencia, que se declarara la nulidad del procedimiento de ejecución.

28. En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona manifesto dudas en cuanto a la conformidad del Derecho espaflol con el marco jurIdico establecido por la Directiva.

29. En particular, sefialó que si, a efectos de la ejecución forzosa, el acreedor opta por el procedimiento de ejecución hipotecaria, las posibilidades de alegar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas del contrato de préstamo son muy limitadas, ya que quedan postergadas a un procedimiento declarativo posterior, que no tiene efecto suspensivo.
    El órgano jurisdiccional remitente consideró que, por este motivo, resulta muy complicado para un juez espanol garantizar una protección eficaz al consumidor en dicho procedimiento de ejecución hipotecaria y en el correspondiente proceso declarativo.

30. Por otro lado, el Juzgado de lo Mercantil n°3 de Barcelona estimó que la solución del litigio principal planteaba otras cuestiones relacionadas, en particular, con la interpretación del concepto de “cláusulas que tengan por objeto o por efecto imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnizaciOn desproporcionadamente alta “, contemplado en el nümero 1, letra e), del anexo de la Directiva, y el de “cláusulas que tengan por objeto o por efecto suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor”, previsto en el nº 1, letra q), de dicho anexo.
    A su juicio, no está claro que las cláusulas relativas al vencimiento anticipado en contratos de larga duración, a la fijación de intereses de demora y a la determinación unilateral por parte del prestamista de los mecanismos de liquidacion de la totalidad de la deuda sean compatibles con las disposiciones del anexo de la Directiva.

31. En estas circunstancias, al albergar dudas sobre la correcta interpretación del Derecho de la Union, ci Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona decidió suspender ci procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

“1) Si el sistema de ejecución de tItulos judiciales sobre bienes hipotecados o pignorados establecido en el artIculo 695 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con sus limitaciones en cuanto a los motivos de oposición previsto en el ordenamiento procesal espafiol, no serla sino una iimitación clara de la tutela del consumidor por cuanto supone formal y materialmente una clara obstacuiización al consumidor para el ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen una tutela efectiva de sus derechos.

2. Se requiere al Tribunal de Justicia de la Union Europea para que pueda dar contenido al concepto de desproporción en orden:

a) A la posibilidad de vencimiento anticipado en contratos proyectados en un largo lapso de tiempo -en este caso 33 anos- por incumplimientos en un perlodo muy limitado y concreto.

b) La fijación de unos intereses de demora -en este caso superiores al 18 %-que no coinciden con los criterios de determinación de los intereses moratorios en otros contratos que afectan a consumidores (créditos al consumo) y que en otros ámbitos de la contratación de consumidores se podrian entender abusivos y que, sin embargo, en la contratación inmobiliaria no disponen de un lImite legal ciaro, aun en los casos en los que hayan de aplicarse no solo a las cuotas vencidas, sino a la totalidad de las debidas por ci vencimiento anticipado.

100. La fijación de mecanismos de iiquidación y fijación de los intereses variables -tanto ordinarios como moratorios- realizados unilateraimente por el prestamista vinculados a la posibilidad de ejecución hipotecaria [y que] no permiten al deudor ejecutado que articule su oposición a la cuantificación de la deuda en el propio procedimiento ejecutivo, remitiéndole a un procedimiento deciarativo en ci que cuando haya obtenido pronunciamiento definitivo la ejecución habrá concluido o, cuando menos, ci deudor habrá perdido ci bien hipotecado o dado en garantIa, cuestión de especial trascendencia cuando ci préstamo se solicita para adquirir una vivienda y la ejecución deterrnina ci desaiojo del inmuebie”.

Sobre las cuestiones prejudiciales Sobre la admisibilidad.

32. Catalunyacaixa y el Reino de Espana manifiestan dudas en cuanto a la admisibilidad de la primera cuestión prejudicial, ya que consideran que no resulta átil al órgano jurisdiccional remitente para resolver el litigio del que conoce.
    A este respecto, alegan que ese litigio se sustancia en un proceso declarativo autónomo y separado del procedimiento de ejedución hipotecaria, y que solo tiene por objeto la anulación de la cláusula 15 del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal en virtud de la normativa sobre la protección de los consumidores. En consecuencia, una respuesta relativa a la compatibilidad del procedimiento de ejecución hipotecaria con la Directiva no resulta, en su opinion, ni necesaria ni pertinente para la resolución de dicho litigio.

33. Desde esta misma perspectiva, el Reino de Espafla y Catalunyacaixa cuestionan también la admisibilidad de la segunda cuestion prejudicial, por cuanto con ella se pretende obtener una interpretación del concepto de desproporcion, en el sentido de las disposiciones pertinentes de la Directiva, en cuanto a las cláusulas que se refieren al vencimiento anticipado en los contratos de larga duración y a la fijación de los intereses de demora. AsI, sostienen que esas cláusulas no guardan ninguna relación con el objeto del litigio principal y que tampoco pueden resultar ñtiles para apreciar el carácter abusivo de la cláusula 15 del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal.

34. A este respecto, procede recordar de inmediato que, segun reiterada jurisprudencia, en el marco de un procedimiento con arreglo al artIculo 267 TFUE, basado en una clara separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, solo el juez nacional es competente para constatar y apreciar los hechos del litigio principal y para interpretar y aplicar el Derecho nacional.
    Asimismo, corresponde exciusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decision jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia.
    Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Union, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (sentencia de 14 de junio de 2012, Banco Espafiol de Crédito, C-618/10, aün no publicada en la Recopilación, apartado 76 y jurisprudencia citada).

35. AsI pues, la negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una petición de decision prejudicial planteada por un Organo jurisdiccional nacional sOlo está justificada cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Union solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder de manera átil a las cuestiones planteadas (sentencia Banco Espaflol de Crédito, antes citada, apartado 77 y jurisprudencia citada).

36 Ahora bien, no ocurre asi en el presente asunto.

37 En efecto, ha de señalarse que, con arreglo al sistema procesal espaflol, en el contexto del procedimiento de ejecución hipotecaria incoado por Catalunyacaixa contra el Sr. Aziz, éste no podia impugnar el carácter abusivo de una cláusula del contrato suscrito con esa entidad de crédito que dio lugar al inicio del procedimiento de ejecución ante el Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Martorell, que conoce de la ejecución hipotecaria, pero si podia hacerlo ante el Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona, que conoce del proceso declarativo.

38. En estas circunstancias, tal como señala fundadamente la Comisión Europea, la primera cuestión planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona debe entenderse en un sentido amplio, es decir, destinada esencialmente a que, ante la limitación de los motivos de oposición admitidos en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, se aprecie la compatibilidad con la Directiva de las facultades reconocidas al juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de las cláusulas contenidas en el contrato controvertido en el litigio principal del que se deriva la deuda reclamada en dicho procedimiento de ejecución.

39. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que corresponde al Tribunal de Justicia proporcionar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta ütil que le permita dirimir el litigio que se le ha planteado (véanse las sentencias de 28 de noviembre de 2000, Roquette Frères, C-88199, Rec. p. 1-10465, apartado 18, y de 11 de marzo de 2010, Attanasio Group, C-384/08, Rec. p. 1-2055, apartado 19), procede seflalar que no resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Union que se solicita en la primera cuestión prejudicial carezca de relación con la realidad o el objeto del litigio principal.

40. Del mismo modo, no cabe excluir que la interpretación del concepto de desproporción, en el sentido de Las disposiciones pertinentes de la Directiva, que se solicita mediante la segunda cuestión pueda ser ütil para resolver el litigio del que conoce el Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona.

41. En efecto, como la Abogado General observa en los puntos 62 y 63 de sus conclusiones, aunque la demanda de nulidad instada por el Sr. Aziz en el litigio principal solo atafle a la validez de la c!áusula 15 del contrato de préstamo, basta con seflalar que, por una parte, conforme al artIculo 4, apartado 1, de la Directiva, una vision de conjunto de las otras cláusulas del contrato a que se refiere dicha cuestión puede tener también repercusiones en el examen de la cláusula objeto del presente litigio y, por otra parte, el juez nacional está obligado, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a apreciar de oficio el carácter abusivo de todas las cláusulas contractuales comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva, incluso en el caso de que no se haya solicitado expresamente, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de junio de 2009, Pannon GSM, C-243/08, Rec. p. 1-4713, apartados 31 y 32, y Banco Espafiol de Crédito, antes citada, apartado 43).

42. Por consiguiente, las cuestiones prejudiciales son admisibles en su conjunto.
    Sobre el fondo.

Sobre la primera cuestión prejudicial.

43. Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide sustancialmente que se dilucide si la Directiva debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, at mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de dicha cláusula, adopte medidas cautelares que garanticen la plena eficacia de su decision final.

44. Para responder a esta cuestión, procede recordar de inmediato que el sistema de protección que establece la Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto at profesional, en to referido tanto a la capacidad de negociación como at nivel de iMormación (sentencia Banco Espauiol de Crédito, antes citada, apartado 39).

45. Habida cuenta de esta situación de inferioridad, el artIculo 6, apartado 1, de la Directiva dispone que las cláusulas abusivas no vincularán at consumidor.
    Segun se desprende de la jurisprudencia, se trata de una disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas (sentencia Banco Espaflol de Crédito, antes citada, apartado 40 y jurisprudencia citada).

46. En este contexto, el Tribunal de Justicia ha subrayado ya en varias ocasiones que el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello (sentencias antes citadas Pannon GSM, apartados 31 y 32, y Banco Espaflol de Crédito, apartados 42 y 43).

47. De este modo, at pronunciarse sobre una petición de decision prejudicial presentada por un tribunal nacional en el marco de un procedimiento contradictorio iniciado a raIz de la oposición formulada por un consumidor contra un requerimiento judicial de pago, el Tribunal de Justicia declaró que el juez nacional debe acordar de oficio diligencias de prueba para determinar si una cláusula atributiva de competencia jurisdiccional territorial exclusiva que figura en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva y, en caso afirmativo, apreciar de oficio el carácter eventualmente abusivo de dicha cláusula (sentencia de 9 de noviembre de 2010, VB Pénzugyi LIzing, C-137/08, Rec. p. 1-10847, apartado 56).

48. El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que la Directiva se opone a una normativa de un Estado miembro que no permite que el juez que conoce de una demanda en un proceso monitorio, aun cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios at efecto, examine de oficio -in limine litis in en ninguna fase del procedimiento- el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando este iiltimo no haya formulado oposición (sentencia Banco Espanol de Crédito, antes citada, apartado 57).

49. Sin embargo, el asunto objeto del litigio principal se distingue de los asuntos que dieron lugar a las sentencias antes citadas VB Pénziigyi LIzing y Banco Espafiol de Crédito por el hecho de que trata de la determinación de las obligaciones que incumben at juez que conoce de un proceso declarativo vinculado at procedimiento de ejecución hipotecaria, con el fin de que se garantice, en su caso, el efecto ñtil de la decision sobre el fondo por la que se declare el carácter abusivo de la cláusula contractual que constituye el fundamento del tItulo ejecutivo y, por tanto, de la incoación del procedimiento de ejecución hipotecaria.

50. A este respecto, procede seflalar que, a falta de armonización de los mecanismos nacionales de ejecución forzosa, las modalidades de aplicación de los motivos de oposición admitidos en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria y de las facultades conferidas at juez que conozca del proceso declarativo, competente para analizar la legitimidad de las cláusulas contractuales en virtud de las que se estableció el tItulo ejecutivo, forman parte del ordenamiento jurIdico intemo de cada Estado miembro en virtud del principio de autonomla procesal de los Estados miembros, a condición, sin embargo, de que no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la práctica o excesivamente dificil el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores el ordenamiento jurIdico de la Union (principio de efectividad) (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro, C-168/05, Rec. p. 1-10421, apartado 24, y de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, Rec. p.1-9579, apartado 38).

51. En lo que atañe al principio de equivalencia, debe señalarse que el Tribunal de Justicia no cuenta con ningün elemento que suscite dudas acerca de la conformidad de la normativa controvertida en el litigio principal con dicho principio.

52. En efecto, consta en autos que el sistema procesal español prohIbe al juez que conoce de un proceso declarativo vinculado al procedimiento de ejecución hipotecaria adoptar medidas cautelares que garanticen la plena eficacia de su decision final, no solo cuando aprecie el carácter abusivo, con arreglo al articulo 6 de la Directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, sino también cuando compruebe que esa cláusula resulta contraria a las normas nacionales de orden publico, lo que le corresponde a él verificar (véase, en este sentido, la sentencia Banco Espaflol de Crédito, antes citada, apartado 48).

53. En lo que respecta al principio de efectividad, procede recordar que, segin reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente dificil la aplicaciOn del Derecho de la Union debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición en el conjunto del procedimiento y el desarrollo y las peculiaridades de éste ante las diversas instancias nacionales (sentencia Banco Espaflol de Crédito, antes citada, apartado 49).

54. En el presente asunto, de los autos trasladados al Tribunal de Justicia se desprende que, segün se establece en el artIculo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria solo se admitirá la oposición del ejecutado cuando ésta se funde en la extinción de la garantIa o de la obligacion garantizada, en un error en la determinación de la cantidad exigible —cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado— o en la sujeciOn a otra prenda o hipoteca inscritas con anterioridad al gravamen que motive el procedimiento.

55. Con arreglo al artIculo 698 de La Ley de Enjuiciamiento Civil, cualquier otra reclamación que el deudor pueda formular, incluso las que versen sobre nulidad del tItulo o sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantIa de la deuda, se ventilarán en el juicio que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se establece en el correspondiente capItulo de dicha Ley.

56. Por otra parte, en virtud del artIculo 131 de la Ley Hipotecaria, las anotaciones preventivas de demanda de nulidad de la propia hipoteca o cualesquiera otras que no se basen en alguno de los supuestos que puedan determinar la suspension de la ejecución quedaran canceladas en virtud del mandamiento de cancelación a que se refiere el articulo 133 de dicha Ley, siempre que sean posteriores a la nota marginal de expedición de certificación de cargas.

57. Pues bien, de lo expuesto se deduce que, en el sistema procesal espanol, la adjudicación final a un tercero de un bien hipotecado adquiere siempre carácter irreversible, aunque el carácter abusivo de la cláusula impugnada por el consumidor ante el juez que conozca del proceso declarativo entrafle la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria, salvo en el supuesto de que el consumidor realice una anotación preventiva de la demanda de nulidad de la hipoteca con anterioridad a la nota marginal indicada.

58. A este respecto, es preciso señalar, no obstante, que, habida cuenta del desarrollo y de las peculiaridades del procedimiento de ejecución hipotecaria controvertido en el litigio principal, tal supuesto debe considerarse residual, ya que existe un riesgo no desdeflable de que el consumidor afectado no realice esa anotación preventiva en los plazos fijados para ello, ya sea debido al carácter sumamente rápido del procedimiento de ejecución en cuestión, ya sea porque ignora o no percibe la amplitud de sus derechos (véase, en este sentido, la sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 54).

59. Por consiguiente, procede declarar que un regimen procesal de este tipo, al no permitir que el juez que conozca del proceso declarativo, ante el que el consumidor haya presentado una demanda alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del titulo ejecutivo, adopte medidas cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas resulte necesario para garantizar la plena eficacia de su decision final, puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de marzo de 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. 1-2271, apartado 77).

60. En efecto, tal como señaló también la Abogado General en el punto 50 de sus conclusiones, sin esa posibilidad, en todos los casos en que, como en el litigio principal, se haya llevado a cabo la ejecución de un inmueble hipotecado antes de que el juez que conozca del proceso declarativo adopte una decision por la que se declare el carácter abusivo de la cláusula contractual en que se basa la hipoteca y, en consecuencia, la nulidad del procedimiento de ejecución, esa decision solo permite garantizar al consumidor una protección a posteriori meramente indemnizatoria, que resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el articulo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13.

61. Asi ocurre con mayor razón cuando, como en el litigio principal, el bien que constituye el objeto de la garantIa hipotecaria es la vivienda del consumidor perjudicado y de su familia, puesto que el mencionado mecamsmo de protección de los consumidores, limitado al pago de una indemnización por daflos y perjuicios, no es adecuado para evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda.

62. Asi pues, tal como ha puesto de relieve asimismo el juez remitente, basta con que los profesionales inicien, si concunen los requisitos, el procedimiento de ejecución hipotecaria para privar sustancialmente a los consumidores de la protección que pretende garantizar la Directiva, lo que resulta asimismo contrario a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia segün la cual las caracterIsticas especIficas de los procedimientos judiciales que se ventilan entre los profesionales y los consumidores, en el marco del Derecho nacional, no pueden constituir un elemento que pueda afectar a la protección jurIdica de la que estos ñltimos deben disfrutar en virtud de las disposiciones de la Directiva (véase, en este sentido, la sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 55).

63. En estas circunstancias, procede declarar que la normativa espafiola controvertida en el litigio principal no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivarnente dificil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada aplicar la protección que la Directiva pretende conferir a estos ültimos.

64 A la Iuz de estas consideraciones, ha de responderse a la primera cuestión prejudicial que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del tItulo ejecutivo, no pennite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspension del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decision final.

Sobre la segunda cuestión prejudicial

65 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide fundamentalmente que se precisen los elementos constitutivos del concepto de “Cláusula abusiva”, en lo que atafle al artIculo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva y al anexo de esta, para apreciar si tienen carácter abusivo las cláusulas que constituyen el objeto del litigio principal y que se refleren al vencimiento anticipado en los contratos de larga duraciOn, a la fijación de los intereses de demora y al pacto de liquidez.

66. A este respecto, ha de seflalarse que, segün reiterada jurisprudencia, la competencia del Tribunal de Justicia en la materia comprende la interpretación del concepto de <<cláusula abusiva>>, definido en ci artIculo 3, apartado 1, de la Directiva y en el anexo de ésta, y los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al examinar una ciáusula contractual a la luz de las disposiciones de la Directiva, entendiéndose que incumbe a dicho juez pronunciarse, teniendo en cuenta esos criterios, sobre la calificación concreta de una cláusula contractual determinada en función de las circunstancias propias del caso. De ello se desprende que el Tribunal de Justicia se limitará a dar al órgano jurisdiccional remitente indicaciones que éste debe tener en cuenta para apreciar el carácter abusivo de la cláusula de que se trate (véase la sentencia de 26 de abril de 2012, Invitel, C-472/10, afin no publicada en la Recopilacion, apartado 22 y jurisprudencia citada).

67. Sentado lo anterior, es preciso poner de relieve que, al referirse a los conceptos de buena fe y desequilibrio importante en detrimento del consumidor entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, el artIculo 3, apartado 1, de la Directiva delimita tan solo de manera abstracta los elementos que confieren carácter abusivo a una cláusula que no se haya negociado individualmente (véanse las sentencias de 1 de abril de 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02, Rec. p. 1-3403, apartado 19, y Pannon GSM, antes citada, apartado 37).

68. Pues bien, tal como la Abogado General indicó en el punto 71 de sus conclusiones, para determinar si una cláusula causa en detrimento del consumidor un “desequilibrio importante” entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, deben tenerse en cuenta, en particular, las normas aplicables en Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes en ese sentido. Mediante un análisis comparativo de ese tipo, el juez nacional podrá valorar si —y, en su caso, en qué medida— el contrato deja al consumidor en una situación juridica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente.
    Asimismo, resulta pertinente a estos efectos examinar la situación jurIdica en que se encuentra ese consumidor a la vista de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas.

69. En lo que se refiere a la cuestión de en que circunstancias se causa ese desequilibrio -pese a las exigencias de la buena fe-, debe sefialarse que, en atención al decimosexto considerando de la Directiva y tal como indicó en esencia la Abogado General en el punto 74 de sus conclusiones, el juez nacional debe comprobar a tal efecto si el profesional podia estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, ëste aceptaria una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual.

70. En este contexto, ha de recordarse que el anexo al que remite el artIculo 3, apartado 3, de la Directiva solo contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas (véase la sentencia Invite!, antes citada, apartado 25 y jurisprudencia citada).

71. Además, conforme al articulo 4, apartado 1, de la Directiva, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebraciOn (sentencias antes citadas Pannon GSM, apartado 39, y VB Pénzugyi Lizing, apartado 42). De ello resulta que, en este contexto, deben apreciarse también las consecuencias que dicha cláusula puede tener en el marco del Derecho aplicable al contrato, to que implica un examen del sistema jurIdico nacional (véase la sentencia Freiburger Kommunalbauten, antes citada, apartado 21, y el auto de 16 de noviembre de 2010, Pohotovosf, C-76!10, Rec. p. 1-11557, apartado 59).

72. Estos criterios son los que debe considerar ci Juzgado de to Mercantil no 3 de Barcelona para apreciar ci carácter abusivo de las ciáusulas a las que se refiere la segunda cuestión pianteada.

73. En particular, por to que respecta, en primer lugar, a la cláusuia relativa at vencimiento anticipado en los contratos de larga duración por incumplimientos del deudor en un perlodo limitado, corresponde at juez remitente comprobar especialmente, como seflaió la Abogado General en los puntos 77 y 78 de sus conciusiones, si la facuitad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que ci consumidor haya incumplido una obiigación que revista carácter esencial en ci marco de la reiación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que ci incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantla del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y si ci Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan at consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusuia poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo.

74. En segundo lugar, en cuanto a la cláusula relativa a la f'ijación de los intereses de demora, procede recordar que, a la luz del námero 1, letra c), del anexo de la Directiva, en reiación con to dispuesto en los artIculos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de la misma, ci juez remitente deberá comprobar en particular, como seflaló la Abogado General en los puntos 85 a 87 de sus conclusiones, por un lado, las normas nacionales aplicables entre las partes en ci supuesto de que no se hubiera estipulado ningñn acuerdo en ci contrato controvertido o en diferentes contratos de ese tipo celebrados con los consumidores y, por otro lado, ci tipo de interés de demora fijado con respecto at tipo de interés legal, con ci fm de verificar que es adecuado para garantizar la realizacion dc los objetivos que éste persigue en ci Estado miembro de que se trate y que no va más allá de to necesario para alcanzarlos.

75. Por ñltimo, en to que atafle a la cláusuia relativa a la iiquidacion unilateral por el prestamista del importe de la deuda impagada, vinculada a la posibilidad de iniciar ci procedimiento de ejecución hipotecaria, procede sefialar que, teniendo en cuenta ci nümero 1, letra q), del anexo de la Directiva y los criterios establecidos en los artIculos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de ésta, ci juez remitente deberá determinar si —y, en su caso, en qué medida— la cláusuia dc que se trata supone una excepción a las normas aplicables a falta dc acuerdo entre las partes, de manera que, a la vista de los medios procesales de que dispone, dificulta ci acceso del consumidor a la justicia y ei ejercicio de su derecho de defensa.

76 En virtud de las consideraciones anteriores, procede responder lo siguiente a la segunda cuestión prejudicial:

-El artIculo 3, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que:

-el concepto de “desequilibrio importante” en detrimento del consumidor debe apreciarse mediante un análisis de las normas nacionales aplicables a falta de acuerdo entre las partes, para determinar si —y, en su caso, en qué medida— el contrato deja al consumidor en una situación juridica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos Ilevar a cabo un examen de la situación juridica en la que se encuentra dicho consumidor en función de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas;

-para determinar si se causa el desequilibrio ”pese a las exigencias de la buena fe”, debe comprobarse si el profesional, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, podia estimar razonablemente que éste aceptarla la cláusula en cuestión en el marco de una negociación individual.

-El artIculo 3, apartado 3, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el anexo al que remite esa disposición solo contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.

Costas.

77. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas.
    Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

1. La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cläusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecuciOn hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposiciOn basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del tItulo ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspension del procedimiento de ejecuciOn hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesarlo para garantizar la plena eficacia de su decision final.

2. El articulo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que:

-el concepto de ”desequilibrio importante” en detrimento del consumidor debe apreciarse mediante un análisis de las normas nacionales aplicables a falta de acuerdo entre, las partes, para determinar Si —y, en su caso, en qué medida— el contrato deja at consumidor en una situaciOn jurIdica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos Ilevar a cabo un examen de la situación jurIdica en la que se encuentra dicho consumidor en funciOn de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas;

-para determinar si se causa el desequilibrio ”pese a las exigencias de la buena fe”, debe comprobarse si el profesional, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, podia estimar razonablemente que éste aceptaria la cläusula en cuestion en el marco de una negociación individual.

El articulo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el anexo al que remite esa disposiciOn sOlo contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.

Tizzano Borg Barthet I1ei-Kasel Berger,

Pronunciada en audiencia pñblica en Luxemburgo, a 14 de marzo de 2013.

El Secretario El Presidente de la Sala Primera A. Calot Escobar A. Tizzano