Definicion de “Confianza-país”.

.Definicion de “Confianza-país”.
Por Marta Riskin
* Antropóloga Universidad Nacional de Rosario.
A partir de la observación del comportamiento de ciertos medios de comunicación y algunos periodistas, Marta Riskin trae a la memoria la utilización de la categoría “riesgo-país” y propone innovar con una nueva: “confianza-país”.

Tan sólo una década atrás, el “riesgo-país” escapó del vocabulario de los especialistas y, distribuido por los multimedios sobre una nación que ya no exportaba productos sino hijos, nos señaló la incompetencia, estupidez e inutilidad de nuestros esfuerzos y proyectos. Una vez cumplida la instauración del “corralito” y al ritmo de las cacerolas, la frase fue perdiendo protagonismo y emigró de las primeras planas, reducida a su verdadera dimensión de sobretasa que paga un país por sus bonos, en relación con la tasa de interés que paga el Tesoro de los Estados Unidos.
Quienes registraron que la publicitada “objetividad” periodística convertía al índice económico en un “caballo de Troya” para favorecer a veintitantos clientes de títulos, alias el “mercado”, también aprendieron la diferencia entre consumir verdades ajenas y reflexionar por cuenta propia.
Algunos también detectaron que la confianza y la autoestima nacional son factores que influyen en la formación de expectativas económicas, que en definitiva modelan los destinos nacionales.
Como respuesta a una sociedad que reconoce la importancia de los contenidos exhibidos por kioscos, televisores, radios y celulares, en la construcción de nuestra realidad cotidiana, el Congreso Nacional sancionó la ley de medios audiovisuales. La notable diferencia que establece la nueva ley es garantizar que nuestros sentidos no sean rehenes de intereses monopólicos y que podamos elegir entre diversas voces y contenidos, incluidos aquellos que elaboren organizaciones barriales y fundaciones, poetas y músicos del interior profundo, comunidades y minorías.
La ley sólo distribuye la palabra y ofrece la oportunidad de abrirnos a múltiples discursos y puntos de vista. No se ocupa de castigar intenciones destituyentes ni insultos. No exige destacar las obvias similitudes entre la crisis del 2001 con las actuales crisis mundiales o el rol similar que cumplen los globalizados periodistas. Ni siquiera impide el discurso a sembradores de pánico, distraídos y mentirosos profesionales. Sin embargo, las múltiples argucias puestas en marcha para impedir la aplicación de una ley votada por amplia mayoría reconoce cuánto preocupa a ciertos sectores abandonar la exclusividad de la palabra, confrontar argumentos y reconocer los logros y potencialidades del camino que comenzamos a transitar.
Quiénes se oponen a la ley de medios audiovisuales e intentan demorar su vigencia conocen muy bien las dimensiones políticas y económicas de la palabra y las emociones; de modo que su resistencia a la aplicación de la nueva ley implica el tácito reconocimiento del poder de la palabra. Cuando aceptamos que los mensajes distan de ser neutrales y filtran nuestra realidad, también somos capaces de elegir la dirección de nuestros esfuerzos y hasta crear nuestro propio “indicador de solvencia general”. Un índice que bien podría llamarse “confianzapaís” y se construyera con variables que midan resiliencia y cultura de producción, recursos inexplorados y nivel profesional y científico, capacidad creativa y respeto de los derechos humanos, la solidaridad de las mayorías y la aplicación efectiva de justicia social. También, por supuesto, mediría simplemente justicia; ya que la aplicación de la ley de medios otorgará a cada uno de nosotros y nosotras, la efectiva y democrática posibilidad de elegir entre “riesgopaís” y “confianzapaís”.

El Consell, perplejo ante la quiebra.

El Consell, perplejo ante la quiebra.
Gregorio Marin-Levante EMV.
Intentar ubicar lo que está sucediendo con las finanzas de la Generalitat Valenciana (GV) con la prudencia debida y con toda humildad, conduce a distinguir entre el binomio quiebra/suspensión de pagos, términos bien conocidos por muchos, que puede no afectar a deudores financieros pero sí a los no financieros (como es el caso de los que proveen bienes, o trabajan en servicios que son responsabilidad de la GV) y el de default (impago a entidad financiera) que supone que el sistema los profesionales de las finanzas puede reaccionar dejando de prestar tanto al resto de comunidades autónomas (CC AA) como al Reino de España.

Ello quizás ayude a explicar que la preocupación de la GV en estos últimos días se haya centrado mucho en evitar un default que en abonar facturas por bienes y servicios a centenares de empresas y trabajadores.
Éstos operan con una capacidad de reacción local y sólo pueden reaccionar con un cierre patronal o dejando de ir a trabajar; situaciones ambas sin duda muy desagradables para la Comunitat Valenciana, pero con poco reflejo en la calidad de vida de los que viven fuera de ella.
Durante los debates de Les Corts que culminaron, el pasado miércoles, con la aprobación de los presupuestos de la GV, las expresiones referidas al estado de quiebra técnica de nuestra administración autonómica fueron explícita e implícitamente demasiado patentes para que los valencianos puedan aceptar el silencio de Fabra y su equipo.
Fueron unos debates que pusieron de manifiesto la perplejidad que atenaza al equipo de consellers que comanda el president Fabra y que la oposición no parece tener recursos para hacerle reaccionar, si es que ello es factible con el actual estado de la nuestra caja autonómica.
Perplejidad es una palabra quizás benévola pero es mejor recurrir a ella, antes que a sinónimos mas duros: irresolución, confusión, indecisión, etcétera.
Cuando alguien está perplejo es muy difícil que transmita confianza (cuyos sinónimos tiene que ver con presunción, esperanza, viabilidad del camino que se sigue...) y ello se ha reflejado en la falta de respuesta de los valencianos que disponen de algunos ahorros a la emisión de deuda en la que la GV necesitaba colocar 1.800 millones de euros (con la aspiración de llegar a los 2.700) de forma que la operación se quedara en 1.058 millones.
Ningún inversor es necesariamente patriota, pero este balance va a afectar directamente a muchos valencianos, en este caso por una vía próxima a la suspensión de pagos/quiebra.
Parece que la perplejidad de Consell ha tomado la forma de fiasco financiero para la GV.

En palabras de las denostadas agencias del ramo en sus rebajas de calificación, la GV ya habría agotado la mayor parte de sus opciones de financiación, y por si fuera poco, más del 18,5% de la deuda de la GV vence dentro de un año, aunque estas agencias confían en que la Comunitat Valenciana tendrá algún tipo de ayuda financiera o apoyo por parte del Estado.
La pregunta que surge es: ¿está en condiciones el nuevo gobierno de Rajoy de hacer frente a esta situación?

Mas allá de las frases hechas que solo sirven para ocupar los tiempos de Canal 9, el silencio del Consell solo añade preocupación. Con lo ocurrido necesitamos una reacción en algún sentido, bien en forma de una argumentación solvente que desmonte la validez de un diagnóstico tan duro como la quiebra técnica, bien aceptando esta realidad para proponer, como consecuencia, un esfuerzo común de todos los valencianos.
Los analistas indican que al margen del fracaso en la colocación de los bonos patrióticos, la perniciosa ausencia de medidas reales por parte de la GV para recortar gastos y sobre todo proponer nuevos ingresos fiscales.
Desgraciadamente, nuestro perplejo Consell sólo es capaz de quedar a la espera de las medidas que el nuevo presidente del Gobierno pueda adoptar. Los medios de comunicación son coincidentes en el diagnóstico.
En un reciente editorial de Levante-EMV, se decía que parece que se está a la espera que Rajoy, adopte primero sus medidas y dicte las normas a seguir para actuar a continuación a remolque: «Sin embargo, la responsabilidad de gobernar incluye adoptar decisiones difíciles e impopulares. Y hasta ahora, el president Fabra no ha dado suficientes muestras de estar dispuesto a ello pese a la urgencia que requiere la delicada situación actual».

Otro medio encabezaba su información sobre lo acaecido en Les Corts, afirmando que el Consell había perdido el control de la Administración valenciana y se encomendaba al rescate de Rajoy, mientras un tercer medio, en este caso digital, ponía en boca de un destacado empresario una frase contundente: «El inmenso castillo de naipes en que se había convertido la estructura de la GV en los últimos años se ha desmoronado.
Ahora solo queda que Mariano Rajoy nos rescate...».

Todo parece indicar que se dibuja una intervención del Gobierno, pero ¿cuál? Es un rescate que sólo se podrá justificar con unas condiciones durísimas de recorte, pero que nadie sabe como puede materializarse, ni cual va a ser la reacción de aquellas CC AA que sí han tomado medidas impopulares y muy difíciles.
Quizás la traslación de lo que vemos en Europa no sea tan fácil como podríamos pensar. Sabemos lo que significa rescatar a Grecia, Irlanda o Portugal, pero no hay precedentes de una maniobra semejante en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Tenemos una cierta idea de dónde proviene el dinero destinado a estados intervenidos, sin embargo no parece que el recurso al Instituto de Crédito Oficial o cualquier otro mecanismo que pudiera pensarse, pueda disponer de esta capacidad financiera, ni siquiera del apoyo de otras CC AA.

De hecho, en estas jornadas de aterrizaje del nuevo Gobierno, la opinión dominante es que Fabra, al no clarificar el futuro que aguarda a la sanidad, la educación y las políticas sociales que nuestro estatuto le han confiado que administre y gestione, está siguiendo un camino de deslealtad tanto con los valencianos, como con Rajoy.
Es el momento de recordar que en nuestro ordenamiento jurídico hay disposiciones según las cuales, si determinados servicios básicos no pueden ser garantizados, por las razones que sean, por un gobierno autonómico, el Estado debe hacerse cargo de ellas, con los mecanismos que se consideren mas oportunos. Ha llegado el momento de decir verdad y dejarse de perplejidades suicidas.

Navidades en la puerta de la Calle.Cronica de DOS desahucios.

Me ha parecido realmente estremecedor este articulo y por eso lo transcribo en mi Blog. Podria poner nombres de personas que conozco con similares circunstancias, pero para que.
Solo anado nuestros datos como PAH.Altea por si pueden servir de asidero, de ayuda a alguien que se encuentre en similares circunstancias. Nos hemos juntado en esta Plataforma solo para eso, para ayudar.
Plataforma Afectados p la Hipoteca.ALTEA.
Tel.693.804.937
Skype:pah.altea
Twitter @PAHALTEA
Email:pah.altea@gmail.com
Web ; http://goo.gl/He979

Navidad en la puerta de la calle.
“Dos familias afrontan las fiestas con un futuro marcado por la amenaza de un desahucio. La crisis y los problemas para pagar sus hipotecas les han colocado en una situación límite”.
A Mari Carmen Vázquez le ocurre que cuanto más paga más debe.

A Sandra Córdova le sucede algo parecido: cada vez debe más aunque en su caso es porque paga menos.

Las dos están a punto de perder su piso y este año saben que estas fechas son navideñas porque en la calle hay luces y así lo pone en el calendario.

Mari Carmen cenará hoy pollo y patatas fritas con su marido y sus dos hijos. De postre tomará turrón, pero no comprado sino regalado. «Mi jefa en Eroski Gros me ha dado una cesta para que me ayude a pasar estas fiestas.

Lo digo porque quiero agradecérselo».

Sandra no ve ningún motivo para celebrar nada, y si lo hubiera no tendría con qué hacerlo. «No tengo ni pensada la cena; filete o escalope con patatas fritas o lo que haya».

Ambas mujeres, junto a una vecina de Herrera que por ahora permanece en el anonimato, son las protagonistas de los tres casos que están en manos de Stop Desahucios Gipuzkoa.

Este colectivo nació el pasado verano para respaldar y asesorar a las personas que corren riesgo de que su piso acabe en manos de entidades financieras por impago de hipotecas.

Su objetivo final es el de «detener los desahucios» aunque para ello tengan que impedir físicamente los desalojos.

Los guipuzcoanos que se encuentran en esta situación son más de tres. En el primer semestre de este año se registraron en nuestro territorio 218 órdenes de desalojo, una cantidad que, según Mikel Sánchez, representante de Stop Desahucios, «irá a más con la crisis económica».

Por este motivo, confiesa su sorpresa por el hecho de que hasta el colectivo hayan acudido hasta el momento «solo tres casos».

A su juicio, este escaso número se debe en parte a la vergüenza de los afectados, que «ocultan su situación hasta el punto de que muchas veces ni sus vecinos saben que están a punto de quedarse sin casa».

Para que se rompa el silencio,

Mikel ofrece el teléfono 669 42 85 98, y el correo electrónico 'stopdesahucios@plazan.net' a cualquier afectado que quiera ponerse en contacto con el colectivo.

Mari Carmen Vázquez, de 40 años, casada y con dos hijos, vive en un piso de alquiler en el barrio de Beraun, en Errenteria, justo encima de la vivienda que fue suya hasta que tuvo que venderla para hacer frente a sus deudas.

Su relato es la historia de un tortuoso camino repleto de tasaciones, valoraciones, préstamos, intereses, abogados y costas judiciales que está a punto de acabar con sus padres en la calle.

En 1999 Mari Carmen era propietaria de un piso, con la salvedad de que aún le quedaba por pagar la hipoteca de 200.000 euros que había contraído para comprarlo.

Poco a poco, con su sueldo en una empresa de limpieza y el de su marido como barrendero, iba haciendo frente a las mensualidades, hasta que su mundo comenzó a torcerse cuando su hermano realizó un mal negocio y contrajo deudas.

De mal en peor.

«Para prestarle dinero, mis padres decidieron rehipotecar su casa, que ya tenían pagada desde hacía años, por un valor de 172.000 euros».

El hijo se comprometió a hacerse cargo de la hipoteca, pero no cumplió lo acordado y sus progenitores se vieron convertidos de repente en deudores y, lo que aún es peor, sin dinero para pagar.

En este momento llegó al rescate la entidad financiera. «Me ofrecieron hacerme cargo de la hipoteca de mis padres».

Así lo hizo Mari Carmen, cuyas deudas casi se duplicaron automáticamente sin que su hermano diera señales de vida. En 2006 quedó claro que el matrimonio no podía seguir pagando.

Y en ese otro momento llegó de nuevo al rescate la entidad financiera. «Me propusieron unificar las dos hipotecas y para ello tenían que tasar mi casa, la de mis padres y un piso que teníamos en Extremadura», explica la mujer, que asegura que también le dijeron que «los intereses que teníamos que pagar bajarían al 2%».

Y así volvió a hacerlo Mari Carmen, que vio en ese momento un atisbo de esperanza en su futuro.
Pero lo bueno duró poco porque cuando el papeleo ya estaba hecho, en su sucursal le dieron una noticia muy diferente a la esperada.

Los intereses no eran del 2%, sino del 17%, lo que suponía pagar 1.700 euros al mes, una cantidad similar a lo que ganan ella y su marido juntos. Aún así, con la venta de un garaje y la ayuda de sus amigos, el matrimonio pudo hacer frente a las deudas hasta que les fue imposible hacerlo.

Cuando la vida va mal tiene cierta tendencia a ir peor, que es lo que le ha sucedido a Mari Carmen. Este año ha vendido su piso por 180.000 euros solo para encontrarse con que, tras pagar lo que debía por esa casa, adeuda a la entidad financiera otros 90.000 euros en concepto de intereses y gastos de abogados, además de 2.700 por levantamiento de hipoteca.
Para alivio de los acreedores, ahí está la vivienda de Extremadura, que va a pasar a ser suya aunque no bastará para anular la deuda.

Queda la casa donde aún viven los padres, aunque no se sabe si por mucho tiempo. «El piso ha salido a subasta por 132.000 euros a pesar de que yo dije en la sucursal que había una persona que me lo compraba por 150.000.

Al final se lo han quedado ellos porque nadie pujó», afirma Mari Carmen.

El siguiente paso debería ser el desalojo, pero el proceso está paralizado porque Stop Desahucios ha solicitado justicia gratuita para la mujer, ya que «no puede pagarse un abogado».

El colectivo ha tratado de negociar con la entidad financiera, a la que ha hecho una propuesta formal de dación en pago de la casa y que se permita a los padres de Mari Carmen vivir en ella de alquiler pagando una renta de 400 euros. «Hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta», afirma Mikel Sánchez, que recuerda que «ya hay dos sentencias, en Navarra y Girona, donde se admite la dación».

Si todo falla, «como colectivo intentaremos impedir el desalojo», advierte.

A lo largo de todos estos años Mari Carmen ha acudido en incontables ocasiones a su entidad financiera, donde ha recibido numerosos consejos para arreglar sus dificultades.

«Me dijeron que si les dejaba las llaves de los pisos se acababa el problema, también me insinuaron que mis hijos podrían pagar en el futuro y me recordaron que mi suegra tenía una vivienda y la podía hipotecar».

Por lo menos, el director de una sucursal se mostró algo más sensible. «Me dijo que yo iba a ser el motivo de su depresión».

Con el tiempo las cosas han cambiado. «Ahora ni me reciben, me dicen que no quieren ni hablar del caso», indica Mari Carmen, que recuerda que cada vez que salía de la sucursal lo hacía «llorando y con un sentimiento de humillación». Ella repite que no se niega a saldar sus deudas e insiste en que su mayor aspiración es no quedar «hipotecada de por vida». «Quiero que me dejen empezar de cero, yo ya he pagado», asegura.

Unos atrasos.

También pagaba Sandra Córdova hasta que su entidad financiera le dijo que el dinero que había abonado durante siete años no servía para nada porque se había retrasado en el pago de las mensualidades durante dos años.

Sandra, de 45 años, es chilena y vive desde hace 21 años en Euskadi con sus tres hijos. En 2002 compró junto a su pareja un piso en el centro de Mutriku. «Nos costó 199.800 euros pero estaba en ruinas y tuvimos que echarlo abajo para reformarlo por completo.

Para hacer frente a los gastos pedimos al banco un crédito de 199.000 euros», afirma.

Durante varios años todo funcionó a la perfección. Comenzaron pagando al mes 1.086 euros por los intereses y poco a poco lograron reducir esta cantidad hasta los 800 euros.

Pero llegó la crisis y en 2009 dejaron de abonar la cuota completa. Sandra, que trabaja en una empresa de piezas de coche, gana al mes poco más de 700 euros.

Su pareja, que ya no vive con ella y desempeña trabajos temporales, hace lo que puede para ayudar a reducir la hipoteca. Pero no es suficiente. «Hemos ido pagando lo que podíamos y con retrasos porque no tenemos dinero».

El resultado es que ahora debe más de lo que pidió en su día. En octubre la entidad financiera le envió un burofax en el que le informaba amablemente de que le cancelaba el contrato y le reclamaba la deuda completa, así como algunos otros detalles más.

Entre unas cosas y otras, señala, ahora debe unos 229.000 euros. «Me han dicho que si no quiero perder el piso tengo que dar ahora 30.000 euros de atrasos y costas, y luego devolver los 199.000 del crédito, porque lo que he pagado hasta ahora no sirve para nada. Cada vez debo más dinero», se lamenta Sandra.

Ella intenta negociar, aunque con poco éxito. Ahora que cuenta con la ayuda de los servicios sociales, ha propuesto a la entidad financiera empezar a pagar de nuevo la cuota más una cantidad para ir cancelando los atrasos.

Pero la respuesta que ha recibido no es demasiado satisfactoria. «Ellos se han negado y me han dicho que no ingrese más dinero porque ya se ha abierto el procedimiento de desahucio».

Así es como afronta Sandra estas Navidades. Hace años que no hay regalos en su familia y ni si quiera sabe dónde dormirá dentro de doce meses. «No tengo salida, no me dan soluciones. Si nos quitan el piso no tenemos dónde ir, vamos a acabar en la calle».
Esta Nochebuena los padres de Mari Carmen cenarán solos. «No han querido venir con nosotros porque prefieren quedarse en su casa, no tienen humor para celebrar nada».

Mañana no habrá regalos. «Mis hijos me han dicho que no quieren nada -afirma Mari Carmen-. Solo esperan que se solucione todo».